22.000 estudiantes no han iniciado año escolar en Antioquia

sillas colegioEl pasado 16 de septiembre el Ministerio de Educación emitió el Decreto 1851, en el cual plantea que las instituciones que contraten la educación deben haber superado un puntaje de 20, en una escala de cero a 100, en las pruebas Saber. Este requerimiento no lo cumplían las instituciones que prestan el servicio de cobertura contratada en la ciudad y, como tampoco lo cumplieron la gran mayoría de las instituciones oficiales.

Para los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, la Secretaría de Educación convocó a Banco de Oferentes en noviembre de 2015, al cual se presentaron siete instituciones que por más de 20 años han contratado con la Gobernación para cubrir la educación básica secundaria y media en las comunidades campesinas del departamento. Éstas no cumplieron con dicho percentil, por lo que ninguna quedó habilitada para el Banco. Ante esta situación, cerca de 22.000 estudiantes de población rural dispersa y vulnerable se encuentran sin iniciar el año lectivo de 2016.

Ante esta problemática, el congresista del Polo Democrático Alternativo, Victor Correa Vélez, que pertenece a la Comisión VI de Cámara de Representantes que se encarga de temas de educación, anotó que “nosotros advertimos los inconvenientes que el decreto podría causar en especial para el departamento de Antioquia, atentando contra el derecho a la educación de población vulnerable ya que los requisitos que formula el Decreto 1851 desconocen el contexto actual de la educación en el país y además, excluye a la población rural.”.

Hernando Mejía,  secretario de la junta directiva de Coreducar (Corporación Nacional para la Educación Rural), afirmó que “según una resolución del departamento, todos los centros educativos deberían haber iniciado en la misma fecha, por lo tanto, maestros como estudiantes se encuentran a la espera de las soluciones concretas. En el departamento son aproximadamente 800 educadores a quienes no se les ha solucionado su contrato laboral, sin embargo ellos han continuado con labores de forma voluntaria en espera de una respuesta por parte de las entidades oficiales”. Agregó que, “el año pasado se instauró una acción de nulidad contra el banco de oferentes, creemos que el decreto 1851 tiene vicios de forma y atenta contra el derecho a la educación”

Deja un comentario