Canasta Familiar: en la ruina

Los ajustes económicos que aplica el gobierno para resolver las dificultades que tiene la economía Colombiana se caracterizan por reproducir cierta lógica enrevesada e injusta, que castiga a las clases sociales que no han tomado las malas decisiones económicas en favor de los negocios de quienes históricamente han manejado la economía y el gobierno.

La noticia sobre la disminución de aranceles para la importación de alimentos cae como un baldado de agua fría sobre los productores agrarios colombianos. Con la intención de controlar la inflación el gobierno incumple los acuerdos logrados en el paro agrario en 2013 y castiga a los campesinos del país con medidas de ajuste para resolver una crisis económica que tiene su causa principal, precisamente, en las decisiones económicas del tipo de las que se toman para resolverla.

Me explico, paradójicamente el gobierno para resolver una crisis económica que ha dicho no existe, está violando los acuerdos logrados tras el Paro Nacional Agrario de 2013  que casualmente tampoco existía para la voz del gobierno, tomando decisiones económicas que favorecen ciertos enfoques  que son los causantes de la crisis que vivimos.

La alta inflación que pretende resolverse con la medida deviene precisamente de las políticas económicas que intencionalmente abandonaron el agro colombiano para favorecer economía extractivista, en su gran mayoría internacional, a fin de tener bienes de alto valor en el mercado y regalías que permitieran satisfacer el resto de necesidades como el alimento.  Ahora que esos bienes variaron dramáticamente en el mercado internacional y no se venden tan bien, es necesario disminuir los aranceles de importación de alimentos para que vendan más barato que los campesinos colombianos, pues, el abandono al que han sido sometidos, la falta de infraestructura competitiva, el altísimo costo de los agro insumos, entre otras  impiden que puedan ofrecerle un mejor precio a la canasta familiar colombiana.

gasolinaLa política económica del gobierno crea un incendio que pretende ahora, apagar con gasolina; cobrando  a los productores  nacionales las malas decisiones del gobierno, poniendo en evidencia la contradicción que inspira esta medida; la canasta familiar del país resulta excesivamente alta no porque existan aranceles sino porque la política agraria del gobierno hace inviable la producción agrícola de alimentos.

El fomento correcto a la producción agraria en el país atendería debidamente la demanda alimenticia, con buenos precios y generando circulación económica, empleo y desarrollo local. Que se tengan que desmontar aranceles demuestra, entre otras cosas, que el gobierno Santos no acudió a solucionar problemas denunciados en el paro agrario ni a cumplir los compromisos adquiridos, pactó sobre lo urgente para destaponar las carreteras no para pagar la deuda histórica del Estado con los campesinos.

Una vez más este gobierno demuestra su talante negociador, que se enfoca en solucionar los paros y no los problemas que los generan. Mal mensaje para la paz, del que debería tomar nota todos los que negocian con un gobierno que insiste en incumplir los acuerdos alcanzados.

Cuando los campesinos en las calles del país exigimos la protección de la producción nacional no nos manifestamos, como podrá pensarse, a favor de nuestros negocios privados y para que se nos privilegie en un plano de competencia. Las exigencias frente a la protección del agro nacional son en contra de políticas económicas, que no solo quebraron negocios prósperos sino que pusieron al país en condiciones de dependencia alimentaria.

Que haya que desmontar los aranceles, para enfrentar la inflación, demuestra que pagamos alimentos muchísimos más caros de los que podríamos pagar, si la política económica se enfocara en solucionar las necesidades y no en generar rentabilidad para ciertos negocios.

Existe además una declaración tácita que hace el anuncio de la medida, pareciera que los productores nacionales somos los culpables por los altos precios de los productos de la canasta familiar, sofisma con el que el gobierno pretende distraer la atención de lo importante, de la real causa de la crisis económica que vivimos y de la que apenas empezamos a ver las primeras consecuencias. Una medida tan espectacular como tramposa en tanto puede afectar la inflación pero afecta la capacidad de consumo de miles de familias productoras.

Si hace ya más de 2 años cuando la economía nacional pasaba por un mejor momento que el actual y se hubiera acogido las exigencias del campesinado viviríamos otra realidad, esta noticia solo nos da la razón, la trágica razón a la que el gobierno hizo oídos sordos: Los campesinos del país fueron llevados a la ruina y con ellos se fue la economía del país, la canasta familiar de los colombianos y la soberanía alimentaria.

Productos como Fríjol,  lenteja, aceite, ajo, maní, algodón, pollo, tomate, papa, yuca, arroz, cebolla y leche, que entrarían con cero arancel fruto de la inflación y del fenómeno del niño que azota a nuestras tierras es una afrenta contra nuestros campesinos y un atentado con la seguridad y soberanía alimentaria que en el caso de nuestro país década tras década se ve seriamente golpeada, no es fortuito que productos como la soya, el maíz y el algodón estén casi extintos en el territorio nacional y que Colombia dependa de otras naciones para poder consumirlos. Con medidas tan impopulares como estas se ratifica una vez más lo dicho por diversos actores: el modelo económico del actual gobierno persiste en acabar la producción nacional con la grave consecuencia de volvernos dependientes alimentariamente.

Hacen falta menos noticias y más acciones concretas y efectivas para recuperar la economía y el agro, el presidente Santos y su ministro deben entender que hace falta un enfoque distinto en la producción nacional y que los difíciles días que vive y vivirá la economía colombiana no son responsabilidad más que de su insistencia en un modelo económico que no ha generado más que desastres.

Por otro lado, la noticia se constituye en una convocatoria a la movilización; el gobierno no puede pretender que los campesinos aceptemos que la palabra empeñada en las carreteras del país sea violada tan arbitrariamente, habrá que recordarle al presidente que para los campesinos la palabra vale, nos vemos en las calles.

Victor Correa Vélez

Representante a la Cámara por Antioquia

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