Congresistas proponen reformar Sistema General de Participaciones

En la mañana del 2 de noviembre, un importante grupo de parlamentarios abrió la discusión sobre la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones -SGP- por tratarse de una “bolsa común” de la que dependen gastos sociales como la educación media y básica, la red pública hospitalaria, y el saneamiento básico. El debate, si bien tiene una amplia gama de puntos relevantes, remite a la idea central de una descentralización con responsabilidad del Estado.

Para el senador Senén Niño, es preocupante la reducción de 3% del SGP para 2018: “El presupuesto del próximo año en educación no alcanza para cubrir los gastos de nómina y costos de canasta educativa”, aseguró.

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De igual forma, el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Víctor Correa, mostró que las movilizaciones sociales de sectores como el de la salud, tienen mucho que ver con la incidencia escasa de recursos del SGP; esto es, la crisis de la Red Pública Hospitalaria en todas las regiones del país por las insuficientes transferencias.

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Jorge Prieto Riveros, senador de la Alianza Verde, señaló que uno de los rubros más afectados con la reducción progresiva de los recursos destinados al SGP es el de Saneamiento Básico y Agua Potable. Para el senador, el rezago en acceso al agua en el país sigue siendo una problemática vigente, por lo que es urgente que se establezca como derecho fundamental.

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Para el representante Alirio Uribe, “se hace necesaria una reforma constitucional al SGP puesto que para la vigencia del año 2018 se presenta una disminución del presupuesto, teniendo en cuenta que el incremento del 1% respecto al presupuesto vigente para 2017 es inferior a la inflación de un 3%, es decir, se presenta una reducción en términos reales”.

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Por su lado, el profesor Cesar Giraldo reivindicó la idea de derecho social como deuda y responsabilidad que el Estado tiene frente a los ciudadanos; reconociendo de esta manera, la necesidad de voluntad política para lograr su materialización. Así pues, se entiende la distribución del presupuesto y la planeación del gasto público como un asunto enteramente político; y con ello, se identifica la disputa por el sentido de los gastos en: pensiones, transferencias, servicio de deuda pública, y gasto militar; cómo debates y reivindicaciones importantes para seguir por la reflexión acerca del modelo económico que se requiere para asegurar los derechos sociales de la ciudadanía.

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Ahora bien, el profesor Andrés Felipe Mora señala en su intervención, Regla Fiscal y SGP: tres contradicciones en la estructura fiscal de gasto del país que atentan contra los derechos sociales. La primera paradoja indica que existe una situación donde el gobierno -supuesto actor discrecional del gasto- tiene atadas las manos frente a la regla fiscal y su principio de ajuste y sostenibilidad fiscal. La segunda contradicción versa sobre el choque inevitable entre regla fiscal y regla de transferencias, donde prima el mandato de la regla fiscal frente al presupuesto para las regiones. La tercera contradicción presentada sostiene que el marco de conflicto entre las reglas de gasto en el país desarrolla un componente discrecional de gasto a favor del gobierno de turno para aumentar o disminuir el gasto social según intereses electorales-clientelares o justificado por fluctuaciones de la economía.
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Finalmente, se propone otro entendimiento del concepto de regla de gasto, como reflejo del pacto y de la movilización social en la búsqueda de la defensa de los derechos sociales. Esto es, una fórmula que por ley comprometa al Estado colombiano frente a la garantía, el gasto social, y el avance progresivo de los derechos sociales. La Audiencia concluyó con la idea urgente de trabajar por una reforma al SGP que garantice descentralización con responsabilidad del Estado en los gastos por los derechos sociales y básicos de las y los colombianos.

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