DENUNCIA PÚBLICA: Violenta represión a Marcha por el Derecho a la Salud

19 de agosto de 2015

DENUNCIA PÚBLICA

VIOLENTA REPRESIÓN A MARCHA POR EL DERECHO A LA SALUD

El Representante a la Cámara por Antioquia Víctor Correa Vélez y la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, denunciamos las agresiones que funcionarios de la Alcaldía de Medellín en cabeza del alcalde Aníbal Gaviria y miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, comandados por el Teniente Coronel Henry Galán adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, acometieron contra quienes participábamos de la movilización organizada por la Mesa Nacional por el derecho a la Salud realizada el día de hoy en Medellín.

HECHOS

  • Hoy 19 de agosto, salimos a las calles en diferentes ciudades a defender el derecho a la salud, exigiendo el pago de la cartera hospitalaria que viene afectando la prestación de servicios de salud y asfixiando a los hospitales y clínicas de todo el país.
  • La movilización era de carácter pacífico, así fue convocada y así se desarrolló, se cumplieron con todos los requisitos legales, informando oportunamente de la movilización a las autoridades municipales y participando de la reunión de articulación previa a la marcha entre las autoridades y organizadores de la marcha.
  • Durante el desarrollo de la marcha se impidió su normal continuidad sin razón justificada por miembros del escuadrón móvil antidisturbios, aduciendo la no autorización de la ruta por parte de la administración municipal, desconociendo la Sentencia de la Honorable Corte Constitucional C-742 de 2012.
  • El personal de la salud, al continuar su movilización, fueron agredidos por parte de la fuerza pública (Escuadrón Móvil Antidisturbios) al mando del Teniente Coronel Henrry Galán, subordinado a las órdenes del secretario vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, Luis Fernando Suarez Vélez.
  • Como resultado de la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios quedaron múltiples heridos, entre los que se encuentran: la residente de pediatría Andrea Catalina Cardona Moreno, los residentes de anestesiología Andrés Patiño Arias, Juan David Bohórquez Bedoya, Karly Johanna Miranda Rojas y Airton Joaquin Payares Benítez y el gerente de contracción y adquisiciones de la IPS Universitaria León XIII y profesor de la Universidad de Antioquia Juan Edgar Marín Restrepo.

Encontramos que el proceder de la fuerza pública por órdenes de la administración municipal viola y transgrede del derecho constitucional consagrado en el ARTÍCULO 37 que expresa que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Dada la expresa reserva legal consagrada en el artículo 37 constitucional no podría la secretaria seguridad de la alcaldía o ninguna otra dependencia interponer orden o decreto municipal alguno para justificar la trasgresión a los derechos constitucionales de los manifestantes.

No entendemos la insistencia de la Alcaldía Municipal en tomarse atribuciones y competencias inexistentes, pues hoy nos encontramos con una información verbal de parte del Teniente Coronel Henry Galán, quien asegura que la marcha tiene prohibido por orden de la administración municipal transitar por la Avenida Oriental.

Adjudicarse la posibilidad de autorizar o no una movilización o incluso la posibilidad de modificar el recorrido de las movilizaciones adelantadas por los movimientos sociales, apelando al parágrafo del artículo 44 de la ley 1453 de 2011 “Ley de seguridad Ciudadana”[1], es una actitud claramente arbitraria y autoritaria, pues no tiene en cuenta la Sentencia C-742 de 2012 que se pronuncia sobre ese aparte y explica que el permiso que refiere la norma no se puede entender como la posibilidad que tiene las autoridades municipales de restringir el derecho a la movilización y que se debe entender como la información oportuna que deben dar los manifestantes de la fecha, hora y lugar de la manifestación, valga aclarar que la organización de la marcha cumplió a cabalidad con la mencionada información.

Sin haber empezado a desarrollarse la movilización ya nos encontrábamos con una vulneración al derecho que tenemos todos los ciudadanos a la manifestación, que entre otros derechos comprende los derechos de locomoción, de participar en política y de libertad de expresión.

También nos parece inaceptable la disolución de la manifestación cuando ya estábamos terminando las actividades programadas, aduciendo un supuesto bloqueo de la vía y de nuevo remitiéndose a al artículo 44 de la Ley de Seguridad Ciudadana[2], y por ende dicen que se está presentando comisión de un delito que afecta los derechos de otros ciudadanos.

De nuevo las autoridades municipales hacen caso omiso a la sentencia C-742 de la Corte Constitucional  en donde explica que para que se configure el delito se debe imposibilitar la circulación de manera drástica, permanente y utilizando medios ilícitos (violentos), de manera expresa quienes asistieron a la reunión con las autoridades mencionada en los hechos y estuvieron a cargo de la interlocución con la fuerza pública, manifestaron el carácter transitorio de la última actividad de la movilización que era un plantón de 15 minutos en la Avenida San Juan al frente de la alpujarra y el comportamiento de los manifestante fue ejemplar y absolutamente pacifico.

Hacemos un llamado a las instancias gubernamentales, en especial al Ministerio Público para que tomen los correctivos necesarios y no se sigan cometiendo estas arbitrariedades que vulneran los derechos humanos de quienes legítimamente se manifiestan para exigir sus derechos.

Responsabilizamos a la administración municipal y a la fuerza pública de las agresiones físicas sufridas por algunos manifestantes, integrantes del sector salud, entre los que podemos contar residentes de pediatría, anestesiología, médicos entre otros.

No es posible que quienes ejercen sus derechos de manera legal sean reprimidos por decisiones arbitrarias, esto deja entredicho la capacidad de la administración municipal en cabeza del alcalde Aníbal Gaviria de garantizar los derechos democráticos de los ciudadanos.

Representante a la Cámara por Antioquia Víctor Correa Vélez

Mesa Nacional por el Derecho a la Salud

[1]PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.

[2]ARTÍCULO 44. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo del siguiente tenor:

Artículo 353A. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

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