En defensa de la Autonomía Universitaria

Autonomía Universitaria y la Resolución 02041

El pasado 3 de febrero del año en curso el Ministerio de Educación Nacional (MEN) emitió la resolución 02041, por medio de la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado; a través de esta se establecen cargas a las universidades que se reflejarán en la modificación de planta profesoral, el cambio de títulos e incluso de los pensum, lo cual la convierte en una clara afrenta a la autonomía universitaria.

Por eso en esta ocasión me daré a la tarea de explicar y defender la importancia de la autonomía universitaria, la cual es una garantía institucional reconocida en el artículo 69 de nuestra Constitución Política, con la cual se busca evitar la intromisión de los poderes políticos en el rumbo de los claustros académicos, así lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C – 829 de 2002, en la cual retoma otros pronunciamientos y define que con la autonomía se busca “legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión, tanto en el campo educativo como administrativo, de las instituciones tanto oficiales como privadas, encargadas de la educación del servicio público de educación superior”[1]

Una de las razones para brindar a las universidades esta garantía es evitar que la academia se vea sujeta a los gobernantes de turno, ya que permite que la academia trace sus ritmos y sus apuestas, que sean las autoridades académicas quienes direccionen el devenir de los claustros y su aporte a la sociedad. En el caso colombiano y por lo establecido en la ley 30 de 1992 hay mucho por avanzar, la composición de los Consejos Superiores Universitarios no es precisamente un fiel reflejo de los postulados expuestos, no obstante, las actuaciones del MEN resultan muy invasivas y son materialmente una restricción a la autonomía.

De manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que la autonomía permite “(i) la dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación, y (ii) la potestad de establecer su propia organización interna, esto significa concretamente que la Universidad autónomamente adopta las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes”[2].

No obstante, no basta con la reiterada jurisprudencia sobre el tema[3], deben existir condiciones materiales para hablar de autonomía universitaria, en el caso de las universidades públicas se debe contar con una adecuada financiación por parte del Estado, que es otro punto que no se cumple en el caso de nuestro país, y esto es importante, ya que mantener una universidad en crisis presupuestal permite la presión por adaptaciones a cambio de recursos y certificaciones, lo cual es una constante por parte del MEN.

Para el caso de la Resolución 2041, por ejemplo, en su numeral 3.7 del artículo 2 impone una planta docente que se traduce en mayor gasto para las Universidades, no es que no se exalte que se busque docentes más capacitados, es que la exigencia sin presupuesto es un golpe más a las finanzas de las universidades públicas, a esto se le añade la exigencia de implementación de las TIC, componentes virtuales, bibliografía actualizada, bases de datos, entre otras; pero cuando de acompañar financieramente se trata el MEN no exige al mismo nivel.

Si bien debemos recordar que “la individualización como entes universitarios autónomos, implica para las universidades una vinculación a la administración, en particular al Ministerio de Educación Nacional, en virtud de la cual no integran la administración ni están subordinadas a ésta, pero actúan de conformidad con la orientación y coordinación del sector central en lo que se refiere a las políticas y planeación de la educación[4], también ha sido clara la jurisprudencia en establecer que esto tiene un límite, que el ejercicio de esta potestad reglamentaria en ningún caso puede afectar el contenido esencial de la garantía institucional de la autonomía universitaria, al cual se hizo alusión en el acápite anterior de esta decisión, ni podrán versar sobre los contenidos académicos, la orientación filosófica de los docentes, los procesos de enseñanza o el derecho fundamental de educación”[5].

Por lo anterior y haciendo referencia a la Resolución 0204, se debe advertir que el numeral 3.3 del artículo 2 resulta contrario a las características de la autonomía universitaria, razón por la cual expreso mi preocupación, ya que en este se regula y establecen contenidos, metodologías y distribución de créditos para los programas de licenciatura, lo que resulta atenta contra los pilares de la garantía constitucional expuestos, las preocupaciones que expreso también fueron abordadas por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciatura (ENEL), el cual se llevó a cabo el pasado 5 y 6 de marzo en la ciudad de Manizales, durante el evento se esbozaron diferencias de carácter académico contra la Resolución 02041, los cuales merecen ser analizados.

Es por esto que llamo a que se den los debates y acciones necesarias para la defensa de la autonomía universitaria, ya que este tipo de acciones por parte del MEN no son nuevas y tampoco responden a necesidades de nuestro país, por eso convoco al movimiento universitario a que se unan al debate de control político que se realizará en el Congreso de la República, para que entre todos defendamos la Universidad y lo que ello implica.

Victor Correa Vélez

Representante a la Cámara

[1] Sentencia C – 829 de 2002, octubre 8 de 2002, magistrado ponente: ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Pág 1

[2] Sentencia T – 141 de 2013, marzo 14 de 2013, magistrado ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Pág 16

[3] Se pueden observar entre otras las sentencias: T – 153 de 2013, T – 180A de 2010, T – 281A de 2012, T – 720 de 2012, C – 162 de 2008, C – 768 de 2010, C – 829 de 2002, T – 039 de 2011, T – 141 de 2013, T – 550 de 2012

[4] La potestad reglamentaria de las universidades como excepción a la potestad reglamentaria del presidente de la república.                 Estudios de Derecho (Medellín) Vol. 066, No. 148, Dic. 2009. P. 253-276. Diana Carolina Sánchez Zapata. En: Revista

[5] Sentencia C – 162 de 2008, febrero 21 de 2008, magistrado ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. Pág 28

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