La educación superior pública: la cenicienta de la reforma tributaria

La reforma tributaria trae relativamente pocos contenidos en materia de educación superior, sin embargo algunos de sus artículos no dejan de ocasionarnos cierta preocupación, la desaparición del CREE como fuente de recursos y su sustitución por la vinculación directa a 9 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios, no deja de sonar como una maniobra de riesgo, que en el mejor de los casos nos dejaría exactamente donde estamos, que dicho sea de paso no es un buen lugar.

Lo primero es señalar que el impuesto sobre la renta para la equidad  CREE tiene como una gran ventaja sobre el impuesto de renta, que este contempla significativamente menos deducciones y rentas exentas, lo segundo es que el comportamiento histórico del impuesto de renta tiende a estancarse en el tiempo , mientras que las demandas del sector educativo son crecientes, y los mecanismos de evaluación y acreditación que recaen sobre las Instituciones de Educación superior generan costos adicionales sobre las mismas.

Así mismo, es pertinente indicar que se conserva el error de asumir que los recursos invertidos en créditos beca, pueden ser asimilados a inversión en el sector. Estos recursos se han aplicado de forma preferente y mayoritaria en instituciones privadas y el artículo 100 de la actual propuesta de reforma  tributaria conserva la ambigüedad en la destinación de los . 0,6 puntos, al indicar que estos se pueden destinar  “a financiar las instituciones de educación superior públicas, créditos beca a través del Icetex”.

Este  mecanismo  de financiación resulta inadecuado de cara a la búsqueda de la garantía del derecho a la educación en su dimensión de  accesibilidad, pues no solo están orientados a un segmento muy pequeño de la población sino que además deja de lado la financiación a la oferta. Podríamos aventurar la conclusión que para la universidad pública esta propuesta no trae nada que nos permita pensar que se ha asumido un compromiso serio con los requerimientos de financiación del sector.

Por otro lado el articulo 102 en su parágrafo 3,  contiene un incentivo a la inversión privada a través de la posibilidad de un descuento sobre el impuesto de renta  por la coadyuvancia en la realización de fines misionales de las instituciones de educación superior siempre que estas inversiones “beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros.”

Operaria esta inversión como un lánguido paliativo a la precariedad económica en la que se encuentran en este momento las instituciones del Sistema Universitario Estatal, que para este periodo requerían en funcionamiento al menos 1.2 billones de pesos para sanear la deuda, que en todo caso siguen pendientes en esta propuesta de reforma.

Quizá una de las mejores estrategias para la aceptación de una carga tributaria tan abrumadora como la contenida en esta reforma, fue la gran falencia del gobierno al momento de presentarla; esto es la relación entre origen del impuesto y destino del mismo, en lugar de justificaciones inaceptables que niegan el despilfarro y la mala planeación,  habría sido más fructífero aplicar mayores recursos a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano como la educación- a todas luces desfinanciada-, en lugar de dejar caer migajas de la mesa para la garantía de derechos.

Deja un comentario