La responsabilidad de lo que ocurra con la implementación es del Gobierno

Ante el reciente fallo de la corte constitucional a propósito del trámite legislativo especial para la paz, contenido en el acto legislativo 01 de 2016 y conocido mediáticamente como Fast Track, veo con preocupación cómo actualmente se responsabiliza del ritmo lento de la implementación legislativa del acuerdo de paz, al reciente fallo de la Corte Constitucional.  Esa opinión desconoce la lentitud del pactante (Rama Ejecutiva)  para el desarrollo de esta implementación,  ya  que  fue incluso la corte quien dio vida a este trámite legislativo mediante la sentencia 699 del 2016 después de que el mismo acto legislativo había condicionado el tramite al resultado del plebiscito.

El fallo, según las respuestas del magistrado Luis Guillermo Guerrero no tiene efectos retroactivos y si bien considero que es un hecho que se suma a las barreras que se interponen frente a la implementación normativa de los acuerdos de paz.  A estas alturas no existe un mayor responsable de la ausencia de desarrollo normativo del punto 1 que el Gobierno Nacional, que este debía estar listo en abril.

Mi preocupación no solo se restringe al fallo de la Corte, también tiene que ver con las acciones de  la institucionalidad que pareciera más lenta y menos determinada que las organizaciones al margen de la ley para llegar a las zonas de las que están saliendo las FARC. Las discusiones en el legislativo se centran con frecuencia en componendas políticas que dejan de lado la dimensión material de los acuerdos y las graves consecuencias que puede traer la demora en la implementación de los mismos, teniendo como agravante que las iniciativas originadas desde la sociedad no han encontrado eco en el gobierno.

El tiempo corre en contra del país. Es un error pensar que la implementación de los acuerdos tiene como destinatarios a los miembros de la insurgencia. Los acuerdos tienen como sujeto principal a los habitantes de los territorios afectados por el conflicto y la mezquindad de las discusiones -a veces con acento electoral, a veces con acento jurídico- arriesga la vida de cientos de connacionales que se esfuerzan por aprovechar una oportunidad indiscutiblemente histórica.  Es necesario hacer un llamado a la movilización social entorno a los proyectos que cursan y deben cursar por el Congreso de la República  para alcanzar un Paz estable y duradera.

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