LA SEGURIDAD CIUDADANA

Por: Victor Correa Vélez
@VictorJCorreaV

Existe en nuestra sociedad por efecto de reiteración la idea de que las posturas alternativas y de izquierda son enemigos de la fuerza pública, idea que se ve reforzada por los controles constantes que se realizan desde este espectro político al cumplimiento de las funciones encomendadas a la misma.

Esta idea ha desdibujado el rol del control político para hacerle parecer como un ataque a la institucionalidad, que a lo sumo ha tenido por respuesta las causas humanitarias en las que solo se capta el efecto de superficie, indicando que no se está en contra de la institución si no  que nos oponemos a la violación de derechos humanos, a la corrupción y a la afectación desmedida de derechos ciudadanos, entre otros.

El énfasis en estas respuestas defensivas ha dejado en la oscuridad las propuestas que se tienen en torno a cómo comprendemos la seguridad, desde la compleja escala de seguridad nacional a las preocupaciones inmediatas del ciudadano relacionadas con la seguridad personal, todo comprendido bajo el concepto de seguridad humana.

El concepto de seguridad humana es acuñado por primera vez en el informe de 1994 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se enuncian los cuatro principios básicos que componen la seguridad humana; la universalidad, la interdependencia de sus componentes, su carácter personal y enfocado en la prevención.

Estos principios deben orientar las acciones institucionales alrededor de los ámbitos relacionados: seguridad económica, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política. Debido a la frecuencia con la que nos referimos a los cuatro primeros ámbitos relacionados; no es difícil adivinar la línea base que compone las acciones que se deberían tomar respecto a cada uno según la postura política, no obstante escasamente logramos expresar de manera clara las propuestas que giran en torno a los tres últimos componentes.

Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana[1] donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas; concebimos la seguridad ciudadana “como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas. Ésta es valorada como un bien público, cuya provisión es responsabilidad principal del Estado”[2] y en esa medida cobra especial relevancia el control a las acciones desplegadas desde la institucionalidad.

La seguridad desde nuestra perspectiva se compone en la expresión inmediata para el ciudadano de una valoración de la posibilidad de sufrir un hecho violento sobre sí o sus bienes, con base en la calificación asignada a la información disponible respecto al entorno, sin embargo esta es solo una de las dimensiones de la seguridad que por el hecho de inscribirse en el ámbito subjetivo no es despreciable, dado que en efecto esta apreciación tiene efectos en la conducta de la ciudadanía.

Antes de continuar es pertinente distinguir la dimensión objetiva y la subjetiva de la seguridad ciudadana; La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana se relaciona con el delito y la violencia, cifras e incidencia cuantificable del mismo. “La dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. Aún más, la percepción de la inseguridad o “dimensión subjetiva” de la seguridad ciudadana tiene importancia en cuanto el temor, el miedo o la desconfianza pueden tener consecuencias reales en el desarrollo humano de las personas.”[3]

El papel del Estado respecto a la seguridad ciudadana desde nuestra perspectiva se encuentra plenamente plasmado en el informe del PNUD de 2014[4] “este informe propone la noción de Estado responsable. A partir de esta noción, se entiende que el Estado es el principal encargado de proveer seguridad ciudadana, en tanto que ésta constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Asimismo, se subraya que, aunque muchos otros actores intervienen en la provisión de seguridad, el Estado es el único que tiene el mandato de asegurarse de que esta provisión no sirva a intereses privados limitados ni proteja a unos pocos, sino a todos los ciudadanos y de acuerdo con el “interés común”.

De acuerdo al estudio anteriormente citado “cuatro conjuntos de variables permiten explicar las vulnerabilidades de América Latina al delito y la violencia: 1. la estructura económica que ha condicionado un crecimiento económico sin calidad y centrado en el consumo, una movilidad social insuficiente, generando incluso un “delito aspiracional”; 2. los cambios en las instituciones sociales, como el aumento de las familias monoparentales, la alta deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado; 3. los facilitadores -armas, alcohol y drogas-, y 4. la falta de capacidades institucionales de los Estados latinoamericanos, especialmente en materia de procuración de justicia”.

Con base en cada una de estas vulnerabilidades se estructuran respuestas coherentes desde el quehacer político propio; el primer elemento que desearíamos abordar responde a nuestro escepticismo frente al ámbito punitivo, es decir; somos conscientes del limitado potencial del castigo, así como del  aumento desmedido de penas, la creación de nuevos delitos y de los castigos drásticos, como forma efectiva de combatir la inseguridad objetiva.

cuadro 1Así pues pugnamos por un ejercicio de los dispositivos de seguridad de carácter preventivo, más allá de la prevención por intimidación que pretende el derecho penal, dado que esta solo es capaz de intimidar segmentos muy pequeños de la población. Expresado de forma común los delitos impulsados por la necesidad tienen una motivación mayor para cometerse que el temor a la sanción, aunado a la debilidad institucional que se manifiesta como una percepción ciudadana de una institucionalidad corrupta, garantiza la impunidad para cometer otros delitos (ver cuadro).

 Bajo esta lógica crear nuevos delitos o aumentar las penas de los mismos solo intimida a quien no tiene la capacidad de corromper la institucionalidad o a quien no tiene una motivación de necesidad o altamente ideológica de cometerlos. Según estas características es un sector cada vez más limitado de la sociedad sobre el que surte efecto la prohibición, la cual tiene además una complejidad adicional en el sistema legal colombiano saturado de normas que conllevan a la incertidumbre respecto a las conductas prohibidas.

1 Desactivación temprana de conflictos

Por ello creemos que el enfoque preventivo en materia de seguridad debe constar inicialmente de un sistema de identificación de poblaciones vulnerables a la comisión de delitos sin recaer en la estigmatización, pero permitiendo orientar estrategias de inserción social que permitan interceptar de manera temprana la población vulnerable, atender a factores como la deserción escolar, familias monoparentales, la precarización laboral, la inserción social basada en el consumo, requiere una coordinación interinstitucional que va más allá de las entidades policiales.

Sin embargo las entidades policiales no deben entenderse desde las tradicionales consignas de lucha contra el crimen o guerra a la delincuencia, la gradualidad del uso de la fuerza y las respuestas interinstitucionales[5] suelen dar mejores resultados para la desactivación temprana de conflictos en lugar del enfoque represivo, el fortalecimiento del papel de mediadores desde la policía nacional, la instalación de mesas de concertación entre autoridades competentes, no solo mejora la percepción institucional si no que fortalece el sistema democrático.

2 Confianza institucional

La confianza institucional se estructura a partir de la expectativa legítima de comportamiento de las instituciones respecto a las demandas de los ciudadanos, en este sentido el control político no es más que una herramienta de escrutinio al deber ser de las instituciones y su comportamiento en la realidad. La percepción de la ciudadanía es determinante en el éxito de las instituciones y en especial de aquellas orientadas a garantizar la seguridad del ciudadano, así cuando se indaga por un mal funcionamiento no se está buscando lesionar la integridad institucional, se persigue antes que nada la resolución del mismo con la finalidad de un óptimo desempeño.

2.1 Escrutinio y control

Las instituciones de seguridad deben comportarse de forma tal que resistan el escrutinio, no solo respetuosas de los derechos humanos, si no  también transparentes en sus acciones y la disponibilidad documental de los procedimientos adelantados de cara a los órganos de control que se ciernen sobre las mismas con un énfasis especial en la prevención de la corrupción en todas sus modalidades, no solo desde la protección de los recursos públicos si no desde la prevención de eventuales conductas ilícitas por parte de sus miembros que puedan comprometer la vocación y en tanto la imagen de la institución. Para lograr este punto se han estructurado tres propuestas.

2.1.1 La primera consiste en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, mediante los sistemas de capacitación continua y la integración de los mismos por personal profesional en diferentes ramos de control, derecho disciplinario, auditoria forense y demás especialidades afines, aunado a un sistema de carrera que les permita la mayor independencia posible de la estructura jerárquica a investigar.

2.1.2 La segunda pasa por la generación de sistemas de incentivos y la remuneración adecuada con la finalidad de sustraer la preocupación por la subsistencia, en especial de aquellos agentes de campo que requieren un incentivo constante en una labor riesgosa y de alto estrés debido al contacto permanente con las demandas de la ciudadanía y la presión por resultados desde los superiores, suponiéndose la remuneración adecuada aunada a mecanismos rigurosos de control interno como formas efectivas de prevención a la corrupción. Este componente implica además la optimización de los recursos a través de la nivelación salarial entre los diferentes niveles para el caso de la policía.

2.1.3 La tercera  propuesta atraviesa el componente de la Profesionalización de las fuerzas armadas, que supone un rigor mayor en los procesos de reclutamiento y formación que deben abarcar dimensiones diferentes a las de ejercicio inmediato de las armas, como por ejemplo el fortalecimiento de  aptitudes en materia de derechos humanos, finanzas, entre otros.

3 Acción unificada

En aras de alcanzar la viabilidad económica de las propuestas se requiere una reducción progresiva del número de unidades que las integran y un aumento en la disposición de recursos para el bienestar de las mismas, facilitando los procesos de vigilancia inspección y control, tanto internos como externos. La reducción paulatina de unidades no debe suponer la reducción de la presencia en los territorios, esta aparente paradoja se supera mediante el sistema de acciones unificadas que implican la sincronización, coordinación y/o integración de las actividades de entidades gubernamentales y no gubernamentales con operaciones militares para lograr unidad de esfuerzo.

Bajo esta perspectiva es posible plantear que las acciones unificadas nos brindan soluciones integrales aportando una eficacia mucho mayor para responder a las inseguridades actuales y a las futuras. Sin embargo, es incauto pensar que el crimen se puede eliminar, el modelo de inserción social basado en el consumo y otros caracteres profundamente enraizados en la sociedad que operan al amparo de construcciones culturales ampliamente extendidas en el imaginario nuestro, impiden pensar que la fase preventiva logrará contener el fenómeno criminal que se traduce como sensación de inseguridad en la población.

4 Eficiencia administrativa

Es preciso en el nivel de contención o represivo adecuar las instituciones de gestión a través de procesos administrativos eficientes, que se traducen finalmente en procesos dotados de mejores recursos, personal mejor calificado y estabilidad laboral. Esto nos referencia concretamente al estado precario de nuestras instituciones judiciales y no solo en el ámbito penal, la dificultad para gestionar a través del estado los conflictos particulares se traducen en desconfianza institucional y eleva justificantes para las prácticas de la mal llamada “justicia por mano propia” que se compone en la mayoría de los casos de actuaciones socialmente problemáticas.

La solución recurrente al problema de la congestión y la lentitud en la administración del derecho se ha traducido en la reducción de garantías judiciales con el fin de un procesamiento mas ágil, que conduce con inusitada frecuencia a sanciones injustas, daños a los derechos de los ciudadanos y a un desprestigio institucional que opera como justificante social de conductas delictivas que generalmente se solapan bajo expresiones como “claro, como aquí la justicia es para los de ruana”, “es que la cárcel es solamente para los pobres”, “aquí es mejor robar bastante porque si roba poquito fijo lo meten a la cárcel”, estas expresiones no solo contienen un sesgo de clase si no que alientan la comisión de otros tipos penales que se perciben de mayor impunidad.

Así entonces, la financiación adecuada del sistema judicial no solo se traduce procesos administrativos más eficientes, si no que disminuye la percepción de impunidad, fortalece la imagen institucional y cumple un papel preventivo, aumentando la cooperación de la ciudadanía al mismo tiempo que es respetuoso de las garantías constitucionales.

5 Fuerza pública y ordenamiento policial

En tanto a la relación fuerza pública y ordenamiento judicial, los tramites lentos debido a la saturación del sistema con delitos de menor entidad como porte y consumo de estupefacientes que son los que con mayor frecuencia llegan a los estrados implican en el trámite de judicialización la reducción de unidades y recursos disponibles en la calle para hacer frente a conductas más lesivas y prevenibles, esta dimensión también se ve impactada por el robustecimiento de la justicia acompañado de soluciones legislativas de descongestión.

En la dimensión legislativa es preciso la despenalización de conductas y la concentración de la normatividad dispersa, aquellos delitos de alta incidencia pero bajo impacto relacionado al consumo de estupefacientes deben salir del ordenamiento penal y los culposos deben tramitarse de manera preferente por instancias civiles con la finalidad de obtener el resarcimiento efectivo de los perjuicios ocasionados y contener el carácter de último recurso que le atañe al derecho penal.

Facilitadores del delito

Privilegiar en el caso de los psicoactivos el tratamiento preventivo a través de la terapéutica a la adicción y  la reglamentación más que la criminalización,  reduce la ocurrencia de delitos, “Además, la correlación entre la ocurrencia de delitos y las drogas está asociada a momentos de adicción intensa, mientras que disminuye en los periodos de menor dependencia”[6] y de allí la altísima relevancia de privilegiar la terapéutica al tratamiento punitivo además de que este indefectiblemente se dinamiza después de que ha ocurrido el ilícito y por obvias razones no tiene capacidad de intimidar a una persona sometida en su voluntad por la adicción o en un estado alterado de conciencia.

Frente al abordaje del crimen organizado asociado al narcotráfico que se ha convertido en un elemento con poder capaz de subvertir el orden democrático, se deben  fortalecer medidas que superen el paradigma represivo sobre el  consumidor y cultivador garantizando otros medios de producción, distribución y acceso  a las sustancias, así como una cruzada internacional para perseguir los enormes montos de dinero que son lavados en los circuitos financieros; al ser un mercado capaz de mantener sus ganancias  cuando más son perseguidos incrementando los precios y con esto aumentando su poder delictual  debe ser arrebatado de las manos de las estructuras criminales, por supuesto sin entregárselo al lucro privado legal, pues viviríamos otros efectos negativos sobre la salud pública al favorecer la inducción legal al consumo.

Irónicamente y en favor de la despenalización de algunas conductas la droga mayormente asociada a la comisión de delitos a través de su ingesta previa es el alcohol, conforme lo evidencia el estudio comparativo de población carcelaria del PNUD en 2013 (ver cuadro), con una fuerte asociación a la violencia doméstica y de género.cuadro 2

 En cuanto a las armas la concepción de la seguridad como un servicio público en cabeza del estado supone un control riguroso en la circulación y porte de armas en manos de los ciudadanos, el monopolio de la fuerza debe constituirse a partir de fuertes restricciones a la posesión de estas y campañas masivas de desarme.

Imaginar la seguridad más allá de la política ciega de la mano dura y el aumento del pie de fuerza nos permite apuntar de mejor manera a soluciones estructurales, la inseguridad ciudadana responde al final a una profunda falta de gestión de las problemáticas sociales, a la incomprensión de los problemas por análisis deficientes y a respuestas vistosas pero precarias debido al afán mediatico.

[1] la seguridad ciudadana puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y, más específicamente, con amenazas como el delito y la violencia (PNUD 2005, 35; PNUD 2010b, 31)

[2] Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 SEGURIDAD CIUDADANA CON ROSTRO HUMANO: diagnóstico y propuestas para América Latina ;Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014

[3] La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana se relaciona con el delito y la violencia. La dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. Aún más, la percepción de la inseguridad o “dimensión subjetiva” de la seguridad ciudadana tiene importancia en cuanto el temor, el miedo o la desconfianza pueden tener consecuencias reales en el desarrollo humano de las personas.

[4] Ibid 2 pagina 1

[5] “84% de las intervenciones del Escuadron Movil Antidisturbios en la costa atlántica están motivadas por la deficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios(…)”General Rodolfo Palomino , debate de control político abusos de la fuerza publica , citado en el congreso de la republica en

[6] Chaiken, Jan M. y Marcia R. Chaiken (1990), “Drugs and predatory crime”, en Michael Tonry y James Q. Wilson (eds.),  Drugs and crime, Crime and Justice: A Review of Research, University of Chicago Press, Chicago, vol. 13.

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