En medio de la crisis del sistema de salud, hablemos de la responsabilidad médica

El ejercicio del cuidado de la salud en un país que tiene un sistema basado en el lucro, ha puesto en una situación de vulnerabilidad social y jurídica a mis colegas y en general a todos los trabajadores del área de la salud. La falta de  reconocimiento material de la autonomía técnica de los trabajadores de la salud ha generado consecuencias nefastas en nuestro principal objetivo: la salud de los usuarios del sistema.
Recientemente, a quien le correspondió padecer la vulnerabilidad jurídica fue para el reconocido patólogo José Édgar Duque Echeverry. Hace un par de meses, la Corte Suprema de Justicia Colombiana de forma apresurada estableció que mí colega se equivocó en el procedimiento para diagnosticar un cáncer de mama. Como consecuencia de lo anterior, ratificó la sentencia por lesiones personales culposas que se estableció en primera y segunda instancia.

En esta oportunidad quiero proponer una ruta de deliberación sobre la sentencia que condenó al patólogo, así: (i) Un análisis sobre los protocolos para diagnosticar el cáncer de mama; una reflexión sobre el (ii) marco de posibilidad y probabilidad de los diagnósticos en el área de la medicina, lo que me llevará a realizar un (iii) llamado a la sensatez sobre la responsabilidad de los profesiones de la salud en un sistema mezquino con los pacientes y restrictivos de la autonomía médica.

Quiero destacar que la presente reflexión la hago bajo el absoluto respeto de la independencia judicial. Espero que sugerir rutas de análisis de las sentencias no se entendido como un desconocimiento de tan importante principio del Estado de Derecho.

Lo primero que quisiera señalar es que la medicina se nutre de diversos saberes científicos. En este orden de ideas, (i) los protocolos o lex artis de la medicina en todas las áreas dependen de los avances tanto en las ciencias en general como de las tecnologías que con ocasión de ellas se desarrollan.

De acuerdo con lo anterior, los patólogos deben llevar en sus hombros las dificultades y decisiones desastrosas en política pública de transferencia de tecnología que padece el Estado Colombiano. El acceso a tecnologías que faciliten el diagnóstico y tratamiento del cáncer está limitado por los precarios recursos que el Estado ha destinado para el desarrollo tecnológico en el tema. En síntesis, las limitaciones fiscales que se han venido imponiendo para el sector salud están afectando el derecho fundamental de los usuarios del sistema de salud y de paso a los trabajadores del área de salud.

No es necesario recordar el mezquino presupuesto destinado por el Estado para resolver este problema y alivianar la responsabilidad de los trabajadores de la salud. Habría que decir, para terminar este punto, que si bien es cierto que los protocolos o lex artis aunque puedan remitir a los avances de la comunidad científica internacional, requiere de tecnologías que permitan que los médicos accedan a ella para precisar los diagnósticos; situación que no sucede en Colombia.

También quisiera señalar, retomando la ruta propuesta, que el (ii) marco de posibilidad y probabilidad de los diagnósticos en el área de la medicina en el sistema colombiano es precario. No obstante que el artículo 17 de la Ley 1751 de 2015 reconoce la autonomía profesional a los trabajadores de la salud, para nadie es un secreto que las Empresas Prestadores de Salud mediante mecanismos internos presionan a los médicos para que reduzcan costos en la prestación del servicio aún en detrimento de la salud de los usuarios. En este sentido, es común escuchar  a los médicos relatar cómo se niegan exámenes necesarios para un diagnóstico e incluso han advertido que en ocasiones no se cuenta con los instrumentos necesarios para garantizar un diagnóstico preciso.

De acuerdo con todo lo anteriormente señalado, quisiera hacer un llamado a la sensatez sobre la responsabilidad que se le está asignando a los profesionales de la salud en un sistema que no les provee las herramientas necesarias para trabajar, que son presionados por grandes empresas de salud y que tienen limitada su autonomía profesional.

Finalmente, pasando por los anteriores filtros o reflexiones la responsabilidad imputada por la Corte Suprema de Justicia al doctor José Édgar Duque Echeverry, es preciso señalar que (i) no existe certeza, como se afirma en el fallo, sobre la forma correcta de distinguir entre  una adenosis esclerosante y un carcinoma tubular. En este sentido, usar la lex artis como excusa para concluir la responsabilidad del médico además de ligero podría constituir una violación del principio de legalidad en materia penal. Igualmente, es prudente resaltar que de acuerdo con lo anterior (ii) la posibilidad y probabilidad de concluir con total certeza  un carcinoma tubular es precaria, razón por la cual considero que fue apresurada la conclusión de la Corte Suprema de Justicia.

En síntesis, quisiera reiterar el (iii) llamado a la rama judicial para se fomenten espacios de dialogo de saberes para así propiciar que se amplíe la comprensión acerca de los alcances y límites de los trabajadores de la de salud. El camino no puedo ser la criminalización, menos en medio de un sistema de salud en el que se profundiza cada vez más la crisis.

Víctor Javier Correa Vélez
Representante a la Cámara
Polo Democrático Alternativo

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