La reforma tributaria: la desfinanciación del SENA y el ICBF

El Gobierno, en medio de la encrucijada económica, política y social que está viviendo el país, en la que tiene buena parte de responsabilidad, le correspondió iniciar una tarea titánica, presentar al Congreso una reforma tributaria para resolver el problema sistemático de unas finanzas públicas deficitarias.

Como ha sucedido de forma reiterada, serán los personas con condiciones socioeconómica más vulnerables las que tengan que soportar un sistema tributario que tiene más prioridad por las transnacionales y multinacionales que por la industria nacional y los ciudadanos que día a día están resolviendo sus necesidades básicas.

También se volvió costumbre que las reformas tributarias impacten las instituciones del estado que producen un beneficio social a los ciudadanos: lo que hay debajo de ese énfasis normativo, es la idea falsa que sostiene que fomentar la confianza inversionista mediante exenciones o estímulos a ciertos sectores genera crecimiento económico, así sea en detrimento de los derechos de la población colombiana.

La actual reforma no es una excepción a la regla, pues una mirada sistemática de la reforma permite concluir que no se cumple la premisa de la Corte Constitucional que indica que “… la Constitución exige gravar “en mayor proporción a quienes tienen mayor capacidad contributiva -equidad vertical-, a fin de que, a la postre, todos acaben haciendo un igual sacrificio de cara a sus capacidades””.

Sucede todo lo contrario con la actual reforma, grava en una mayor proporción en diferentes momentos de la actividad económica a personas de menor capacidad contributiva y exceptúa a quienes tienen mayor capacidad contributiva. También impacta desfavorablemente en instituciones que son un soporte para el ascenso social y la protección de los derechos de los ciudadanos colombianos.

En este sentido, hoy quiero señalar, además de la mirada global, un aspecto puntual. El artículo 64 de la reforma, que pretende adicionar el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, con el propósito de fomentar y fortalecer el emprendimiento empresarial, exonera del pago de los aportes parafiscales que financian SENA y ICBF a personas jurídicas y naturales que tengan trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes declarantes del impuesto sobre la renta.

Si bien es cierto que una mirada desprevenida nos podría inducir a creer que la norma es bondadosa, lo cierto es que la norma impacta en la financiación de dos instituciones de alta importancia para el desarrollo social de sectores que no pueden acceder, bajo las leyes mercado, a la formación para el trabajo y a la protección de la familia.

De tal forma que si vamos sumando miradas individuales sobre el artículo del proyecto de Ley, como lo iré haciendo en estos días, concluiremos que la reforma tributaria afecta los sectores sociales más vulnerables e instituciones que tienen como finalidad generar beneficios sociales.

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