Póngale cero a Colombia: nos rajamos en ciencia, tecnología e innovación

Por: Víctor Javier Correa Vélez

La ley 1530 de 2012 crea el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (de ahora en adelante SGR). Uno de los elementos significativos de esta modificación fue la destinación del 10% del presupuesto de este sistema al sector de la ciencia y la tecnología en Colombia como un incentivo a los procesos de creación y transferencia de conocimientos, así como de innovación. Este Fondo tiene como propósito incentivar programas y proyectos de orden regional para cerrar las brechas tecnológicas departamentales, por lo que, son operados por los gobiernos territoriales a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

Además, debe tenerse en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: ‘Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación’ -Capítulo V, objetivo 2-, se propuso como finalidad que Colombia se constituyera como líder en América Latina de un “conjunto de áreas estratégicas del conocimiento”, para lo que se realizaría una revisión de las condiciones de la infraestructura existente en términos de la investigación de alta calidad, buscando crear Fondos Sectoriales cuyo fin era “(…) la realización de programas de investigación de excelencia con financiación estable y con objetivos de largo plazo” (PND, 2014:161 negrillas mías)”.

Una vez definida esta hoja de ruta del gobierno Santos, se pone como meta nacional ser parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Para cumplir esta meta, el gobierno se compromete, entre otras cosas, a destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para la ciencia, meta que debía cumplirse en el año 2018.

Pese a la promesa hecha por el actual presidente, la inversión en CTI de Colombia es siete veces menor que la inversión promedio de los paises de la OCDE, y al 2016 no supera el 0,3% del PIB. Esto demuestra la poca voluntad política de Santos en lo que a generación de conocimiento de alta calidad y pertinente a las necesidades nacionales, se refiere. Para ilustrar lo dicho hasta el momento, se hizo el ejercicio de comparar la inversión del PIB en CTI de Israel y Corea del Sur (hoy referentes mundiales) con la de Colombia:

Fuente: elaboración propia, datos Banco Mundial a 2014. http://datos.bancomundial.org/
Fuente: elaboración propia, datos Banco Mundial a 2014. http://datos.bancomundial.org/

 

En este contexto político, normativo y fiscal Colciencias cumple varios papeles, entre ellos, el de apoyar a las Regiones en la construcción y desarrollo de su tejido institucional de CTI así como de los planes y proyectos a desarrollar en las mismas –incluyendo en esta función al Departamento Nacional  de Planeación (DNP)-; así mismo, llevar a cabo una estrategia integral de descentralización, hacer seguimiento y evaluación de estas nuevas políticas y establecer métricas de información oportuna y confiable (PND, 2014:162).

Sin embargo, entre el 2015 y 2016, solo se llegaron a aprobar 34 proyectos por $385.000 millones del FCTI, lo que pone de presente que este Fondo tiene serios problemas de eficiencia y diseño institucional pues, de manera adicional, de 33 municipios financiados para el desarrollo de proyectos de CTI (11,9%), aprobados entre 2012 y 2015, se malgastaron casi 100.000 millones de pesos[1]. Palabras más, palabras menos, significa que el 40% de los recursos no fueron invertidos por las Entidades Territoriales.

Según Moisés Wasserman, esta dificultad en el funcionamiento del Fondo de CTI del SGR no se debe a la falta de proyectos o ideas, o a que las regiones no tuviesen necesidades en la materia, sino a que hubo problemas en el diseño de los mecanismos de convocatoria, aprobación, ejecución y administración de estos recursos.

Esta falencia estructural se evidenció en la coyuntura de la apropiación de 1,3 billones de pesos no ejecutados del Fondo de CTI del SGR, para la construcción de 2.500 kilómetros de vías terciarias en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La coyuntura nos situó en un falso dilema: o vías o ciencia. Nos puso a escoger entre dos componentes necesarios de un proyecto de país que garantiza la justicia económica a las comunidades rurales –caso vías terciarias- y la posibilidad efectiva de hacer ciencia y tecnología desde nuestras propias necesidades y contextos.

A lo anterior hay que sumarle la propuesta que el gobierno hace de recorte a la ciencia y la tecnología para el 2018 dentro del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación. Como dicen en mi tierra, tras de cotudos con paperas.

Este caso ilustra la mirada de corto plazo del gobierno en la política nacional de CTI y la falta de un compromiso claro con la posibilidad de una soberanía científica y tecnológica, además de pertinente. Superar esta visión implica invertir recursos para el fortalecimiento de procesos de investigación, generación y transferencia de conocimientos; diseñar escenarios de participación de la comunidad científica, entes territoriales y el conjunto de la sociedad para reformar la política de CTI en el país, así como garantizar recursos estables y no dependientes de las alzas o bajas de los precios de los commodities internacionales.

[1] Tomado de El Tiempo. 22/3/2017 En: http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/irregularidades-en-la-plata-de-regalias-de-ciencia-y-tecnologia-70074

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