¿Por qué va a subir la energía en Colombia?

 

Por:
Bianca Lenis
@ttoty

Carlos Patiño
@carlosmpat

light-bulb-503881_1920Colombia cuenta con gran potencial en la generación de energía eléctrica, sin embargo, el impacto del fenómeno del niño y  el incremento en los precios de los combustibles han generado  una situación en la que el resultado es el aumento de los precios de la energía eléctrica, que se traduce en un aumento en el costo de vida de los Colombianos y pérdida de competitividad para la industria.

Marco Normativo:

Con la constitución de 1991 en Colombia se produjeron muchas transformaciones institucionales, entre ellas la liberalización de la prestación de los servicios públicos en general y muy especialmente los servicios públicos domiciliarios.

El artículo 365 de la Constitución Política establece la posibilidad de que los servicios que se entienden inherentes a la finalidad social del Estado puedan ser prestados por particulares, por comunidades organizadas y por el mismo Estado como venía ocurriendo:

ARTICULO   365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Para el caso concreto de los servicios públicos domiciliarios, su régimen jurídico se desarrollaría por medio de la las leyes 142 y 143; la primera como norma marco frente a la prestación y garantía  de los Servicios Publico Domiciliarios y la segunda como una regulación más específica frente a la energía eléctrica. Con esta normatividad de fondo,  se establece entonces el  sistema de transacción  de energía eléctrica mediante un mercado de subasta, el precio está sujeto a la especulación,  a la fuerza de  oferta y demanda, al movimiento de los precios actuales y a la reacción frente a las expectativas de los precios esperados.

El problema:

La generación de energía funciona entonces de la siguiente manera: las termogeneradoras producen el 20% principalmente con gas y carbón, y el 80% restante es producido por hidroeléctricas. El sistema está diseñado para que en temporadas climáticas críticas de sequía, el recurso hídrico sea protegido, caso  en el que las termogeneradoras asumen entonces el 40% de la generación total.

El  pasado mes de octubre, el Ideam anunció que el fenómeno del niño podría durar hasta febrero de 2016 y que tendría efectos críticos en el llenado de los embalses. Efectivamente en el mes  de noviembre los embalses se encuentran en el 65% de su capacidad; ante este pronóstico y la escasez del gas que obligaron al uso de otros combustibles más costosos,  las expectativas de las generadoras frente a costos efectivos más altos, afectaron la estabilidad relativa del precio transado en la bolsa de energía, aumentándolo considerablemente.

El incremento en el precio de la generación  y el panorama de  incertidumbre afectó fuertemente la estructura financiera de estas empresas, quienes prendieron las alarmas y algunas de ellas como Termocandelaria y Termovalle manifestaron  serias dificultades para atender los requerimientos del mercado;  las pérdidas proyectadas de la totalidad de las  generadoras ascienden a  3.3 billones de pesos. Es así como el  Ministerio de Minas y Energía  anuncia  un incremento gradual  en el precio de la energía que estaría entre el rango de $439 pesos adicionales  para estrato uno  y $ 2.943 adicionales en estrato seis,  para asumir $1,1 billones de pesos, mientras los $2.2 billones restantes serán asumidos por las generadoras.

Reacción de los usuarios:

Ante la problemática actual, representantes de diferentes sectores como Asoenergía, rechazaron  el aumento en las tarifas de energía pues se reflejará en el costo de vida de los usuarios y en el incremento de  los costos de producción de las empresas y por ende, en la disminución de la competitividad de la industria. Consideran también, que el incremento es arbitrario  y argumentan que los hogares y las  empresas llevan pagando mes con mes por 9 años en su factura de energía un cargo por confiabilidad – una especie de póliza- que garantizaría la generación en condiciones críticas de abastecimiento tal como se está presentando actualmente con el fenómeno del niño.

Cargo por confiabilidad:

El cargo por confiabilidad, se crea con el fin de asegurar el suministro de energía  en el largo plazo con precios eficientes,  funciona mediante la determinación de un precio de escasez. El precio de escasez es el  precio máximo que pagaría el usuario y  a partir del cual las generadoras deben cumplir con las obligaciones pactadas cuando reciben el cargo por confiabilidad. Cuando en la bolsa el precio de escasez está por encima del precio de mercado, deben entregar de igual manera la energía a la que se comprometieron entregar y asumen el valor que esté por encima del precio de escasez. En las subastas de energía, se entregan los contratos a las generadoras  que cuenten con la capacidad para garantizar la continuidad del suministro y se les entrega también el cargo por confiabilidad que se constituye como un  monto fijo por la duración del contrato. El funcionamiento de este mecanismo era claro: se establece previamente un precio de escasez, cuando el precio transado en bolsa se posiciona por encima del precio de escasez el seguro se hace efectivo, es decir, este precio sería el precio máximo que pagaría la demanda, y las generadoras haciendo efectivo el cargo por confiabilidad previamente entregado, garantizarían la continuidad en el servicio.

Reacción de las generadoras:

En defensa de las generadoras, el  presidente de Andeg ( Gremio de generadores térmicos) explica que  para que el cargo por confiabilidad pueda funcionar como una póliza,  es necesario que todas las variables estén bien definidas y se establezca un máximo indemnizable, dice que desde el principio el precio de escasez fue una variable mal definida pues se basa en el precio de un combustible más barato el ( Fuel oil n° 6) y hoy se está generando con diésel que se debe importar y asumir los costos que implica en estos momentos la devaluación del peso frente al dólar,  y por esta razón, no es posible pagarle a las térmicas $302 por kilovatio que es el precio de escasez, mientras su producción cuesta alrededor de $500 el kilovatio, generando con esta diferencia un desequilibrio financiero insostenible. Por otra parte,  Acolgen (Asociación de generadoras)  defiende la utilidad del cargo por confiabilidad, pero aclara que su finalidad es asegurar  el suministro, no el diferencial en el costo de producción.

Reacción del Ministerio de Minas y Energía:

Con esta situación de fondo, el Ministro de Minas y Energía propone diferentes soluciones, entre ellas:  el establecimiento de un precio de mercado tope, se compromete a no re-calcular el precio de escasez y a mantener su estimación actual, pretende aumentar la oferta de gas  con la entrada en operación en enero de 2016 del gasoducto Cartagena-Sincelejo que significarían 50 millones de pies cúbicos diarios, establece los mecanismos para hacer efectiva las importaciones de gas desde Venezuela a partir de enero, proyecta  flexibilizar la oferta de gas para que bajen sus precios, planea la construcción de nuevas plantas, propone la revisión de la planeación actual del sistema de generación de energía eléctrica y finalmente la puesta en marcha de campañas masivas de ahorro de energía. Sin embargo, todas estas medidas aunque necesarias, son meramente contingentes, la coyuntura actual evidencia un sistema de generación térmica vulnerable con probabilidades de repetirse a futuro, la solución del problema no puede reducirse a solucionar el desajuste  financiero de unas cuantas generadoras y a incrementar la disponibilidad del gas.

¿Quién asume la responsabilidad?

En cuanto a la responsabilidad por el incumplimiento al cargo de confiabilidad es preciso resaltar varios aspectos: en primer lugar, no es posible entender como sólo en esta coyuntura las generadoras alertan acerca de la definición del precio de escasez y argumentan que el máximo indemnizable no era el adecuado. Mientras las generadoras recibían cumplidamente la cuota de confiabilidad, en ningún momento se pronunciaron frente al inadecuado cálculo del precio de escasez, únicamente cuando el sistema colapsa y se presenta como insostenible, son las mismas generadoras las que reclaman un re-cálculo de dicho precio. En el momento de firmar el contrato, las termogeneradoras conocían sus costos de producción y la variabilidad en los mismos, sabían también el riesgo que asumían, y por ende es claro que en ese momento entendían que sus costos variables podrían ser mayores al precio que acordaron, además, muchas de estas generadoras ya venían empleando  desde hace varios años combustibles líquidos para la generación, por lo que conocían sus precios y la alta variabilidad en los mismos, sabían también que ante la escasez de gas, inevitablemente el uso de los combustibles líquidos – aunque más costosos-  era la opción para generar.

En segundo lugar, surgen otras preguntas como: ¿Existe entonces algún tipo de garantía o póliza de incumplimiento?, ¿Por qué el Ministerio de Minas y Energía extiende el cargo por confiabilidad por tres años más a las empresas que no tuvieron la capacidad para responder con los compromisos pactados?, pese a que el ministerio cuenta con la CREG, la UPME y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ¿Quién asume la responsabilidad y da la cara a los usuarios?

En tercer lugar, se debe replantear la forma como se otorga el cargo por confiabilidad a las generadoras y la forma como este cargo se regula. Es inadmisible seguir entregando dicha póliza a   plantas ineficientes y más aún a aquellas que han demostrado no tener la capacidad de cumplir con su obligación ante esta coyuntura. Así mismo, es necesario que la    Superintendencia              – organismo a quien le compete esta labor- realice las auditorias necesarias y explique  en que han empleado las empresas generadoras los recursos del cargo por confiabilidad.

Finalmente, cabe señalar que las medidas que se tomen para que el precio de la energía converja  a un precio estable, no se deben limitar únicamente a la solución del desajuste financiero de las generadoras ni a factores de insumos, se debe también revisar el poder de mercado que se le da a las generadoras y el incremento de precios que puede ser causado por la especulación deliberada y los intermediarios.

Más allá de la coyuntura:

En un momento como el actual, vale la pena hablar también de soberanía energética y en las acciones que debe implementar Colombia para tener la capacidad de  controlar, regular  de manera racional y eficiente  la explotación de sus recursos energéticos y evitar a toda costa la dependencia de la empresa privada en la generación de sus servicios básicos, en este caso es preciso señalar entonces que no todas las empresas públicas son ineficientes y no todas las empresas privadas son eficientes. Hasta la fecha, EPM e Isagen, son las dos empresas con mayor tasa de inversión, de innovación  y margen de respuesta al fenómeno del niño, esto permite reconocer la importancia de la participación mayoritaria de empresas del Estado en circunstancias críticas como la actual.

La evidencia es contundente, los planteamientos con los cuales fue defendida la privatización del sector eléctrico en Colombia, mejor calidad, menos corrupción, tarifas más bajas  no se hacen visibles en el modelo actual. Las leyes que dieron origen a la liberalización de servicios públicos domiciliarios se resumieron en  una participación supletiva  del Estado en la actividad económica, se pretendía entonces que el sector privado y su dinámica competitiva ampliara el margen de cobertura de la prestación de los servicios y el Estado solo se presentaría en los casos en que las “fallas del mercado” afectaran la prestación.

Esta intención no ha podido concretarse de manera específica, con el agravante de que las empresas públicas han jugado con las reglas de las empresas privadas, en especial porque la intervención en el sector resulta  demasiado costosa para que las empresas sean competitivas y que las condiciones geográficas y económicas del país, hacen imposible que la capacidad de pago de los usuarios se ajuste a  fórmulas suficientemente rentables. Así las cosas, las reglas de juego para privados solo funcionan donde a los privados le son favorables y donde los administradores públicos han accedido a entregar la infraestructura pública a favor del lucro privado, las empresas privadas solo participan en negocios consolidados y donde hay capacidad de pago. Es inimaginable que una empresa privada electrifique una zona rural alejada, por ejemplo, pero si están dispuestas a prestar el servicio en zonas de altos estratos en los que la red ha sido instalada por las empresas públicas y en las que muchas veces, la empresa pública asume el mantenimiento de la red con operación privada.

http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/abc2.pdf

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