Pronunciamiento de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, seccional Antioquia, sobre la Ley Estatutaria en Salud

Medellín, 24 de enero de 2014

Antioquia exige que Presidente de la República firme Ley Estatutaria en Salud Las organizaciones integrantes de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, seccional Antioquia, luego de analizar la preocupante e injustificada demora por parte de la Presidencia de la República en el trámite de la Ley Estatutaria en Salud, hacemos un llamado a todos los colombianos para cerrar filas en su defensa, sobre todo luego de expedida la Sentencia C-313 de la Corte Constitucional que declaró exequible su texto con importantes consideraciones que benefician en líneas generales a todos los ciudadanos.

Exigimos la firma inmediata de la Ley Estatutaria por parte del presidente Juan Manuel Santos, por cuanto es innegable que esta Ley permitirá un mejoramiento ostensible de las condiciones jurídicas del sistema de salud colombiano.

La Ley Estatutaria aprobada por el Congreso de la República desde el 20 de junio de 2013, y declarada exequible por la Corte Constitucional el 29 de mayo de 2014, consolida la salud como un derecho fundamental autónomo pero, además, amplía el núcleo esencial del derecho al considerar los determinantes sociales como parte primordial e integral del derecho a la salud; mantiene la tutela como mecanismo idóneo para que los ciudadanos reclamen la garantía del derecho; también reitera que la sostenibilidad fiscal no limita la garantía del derecho ni mucho menos el acceso a los servicios, logro de gran connotación en un sistema mercantilizado; involucra a los trabajadores de la salud al propender por un mejoramiento de sus condiciones laborales a través de la ratificación del derecho a un trabajo digno y decente, y bajo condiciones de autonomía en el ejercicio profesional; reconoce y establece que los hospitales públicos deben ser medidos bajo parámetros de rentabilidad social y no meramente financiera; plantea la necesidad de definir una política farmacéutica nacional, hacer control de precios a los medicamentos desde su producción hasta su entrega final al usuario; permite avanzar en el mejoramiento del acceso a los servicios de salud al quitar las trabas jurídicas y administrativas que impiden el goce efectivo del derecho a la salud, y permite, en general, avanzar también hacia un cuidado integral de la salud de la población más allá del enfoque curativo que hasta ahora se ha implementado con la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Desde Antioquia consideramos que la actitud del Alto gobierno, al postergar la firma y, por ende, la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria, es un acto de autoritarismo que excede las funciones y sus obligaciones constitucionales, por cuanto desconoce el accionar de las otras dos ramas del poder público que ya manifestaron su voluntad de expedir una ley (Rama Legislativa) y que avalaron su constitucionalidad (Rama Judicial – Corte Constitucional), con lo que se configura unaacción de totalitarismo instigado por los intereses financieros del capital privado en el sector de la salud.

Creemos, además, que el país enfrenta un comienzo de año altamente peligroso para la salud si se tiene en cuenta que mientras se dilata la firma de una ley que trae evidentes beneficios jurídicos a los ciudadanos, simultáneamente el mismo gobierno expide el Decreto 2702 de Habilitación de EPS otorgando un injustificado plazo de siete años a estas entidades para cumplir con requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas, lo que les abre, en otras palabras, siete años más para despilfarrar los recursos de la salud.

Partimos de que la Ley Estatutaria no es la solución definitiva para alcanzar un modelo de salud ideal para los colombianos, ni es la panacea que conduzca de manera inmediata a la solución de los graves problemas del sector, pero sí es una herramienta inicial para progresar, desde argumentaciones jurídicas, en la búsqueda de un cambio estructural y de fondo que le permita a Colombia crear un sistema de salud que responda a las necesidades de la población.

Reconocemos que lo definido por la Corte Constitucional es un avance para el logro de un nuevo sistema de salud más integral, pero es necesario señalar que la sola firma de la Ley estatutaria no resuelve los problemas centrales que en la prestación y el derecho fundamental a la salud padece el pueblo colombiano, pues aún se mantiene disposiciones como la Ley 100 de 1993 que convirtió la salud en un negocio, la figura de las EPS, la desviación de recursos, la liquidación de hospitales públicos, las exclusiones en la prestación de servicios etc., aspectos contra los cuales el gremio de la salud, los trabajadores y el pueblo en general debemos continuar luchando por lograr un nuevo
modelo de salud para Colombia.


Mesa Nacional por el Derecho a la Salud – Seccional Antioquia

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